La diferencia

Él se llama Pedro Sánchez y no voy a explicarles su vida y milagros. A estas alturas las doy por más que sabidas. Tanto el uno como la otra, como cada uno de nosotros, tenemos una obligación que destaca sobre las demás. Tanto el uno como la otra, como cada uno de nosotros tenemos la obligación de defender nuestro idioma. El italiano ella, el español nosotros.

Hará unos siete años que nuestra RAE comenzó su lucha para defender el español de contagios indeseados. Eran los famosos anglicismos que luego traerían tan de cabeza a los académicos. Pero a pesar de las barreras que se les fueron poniendo, muchos de ellos entraron en nuestra lengua y allí se quedaron, bendecidos por la Real Academia. Les estoy hablando de entradas como: friqui (refiriéndose a algo o alguien extravagante o excéntrico), airbag (bolsa de aire normalmente situada en el volante de los coches), jonrón (en el beisbol, jugada en la que el bateador golpea la pelota enviándola fuera del campo) y así, táper y cliquear y cederrón y pinqui y... todas, ya hoy en día y ante la imposibilidad de frenar su difusión, bendecidas por la RAE.

Es una forma de lucha, pero es una forma de lucha diferente a la implementada por la presidenta Meloni en su defensa del italiano cuyo partido penalizará con multas de hasta cien mil euros a los que en comunicaciones oficiales utilicen palabras en inglés. El suyo es el viejo sistema francés, ese frapper le poche, (golpear el bolsillo) que tanto poder de convencimiento tiene.

Según dice el proyecto de la señora Meloni, la razón de la multa es bien sencilla: «El italiano tiene todas las palabras necesarias para expresarse sin necesidad de utilizar extranjerismos, por lo que utilizar el inglés 'degrada y mortifica' su idioma». Así de claro.

Y para qué seguir si creo que de una manera suficientemente clara ya puede verse la diferencia de actuación entre los dos gobiernos. El español acepta los anglicismos y, tras su estudio, y debidamente seleccionados, los bendice con su inclusión en la RAE, mientras que el italiano será «obligatorio para la promoción y el uso de bienes y servicios públicos en el territorio nacional». Incluso se controlará que se hable perfectamente en los colegios, en los medios de comunicación, en publicidad o en los comercios. Y el no hacerlo podría conllevar multas de entre cinco mil a cien mil euros.

Y para terminar una pregunta que dejo en el aire: ¿no les recuerdan estas actitudes dictatoriales italianas a algunos posicionamientos similares que poco a poco van implementándose en algunas comunidades españolas? Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.