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La democracia parlamentaria en España, que durante tanto tiempo se hizo esperar y el domingo dio un ejemplo de solvencia y seriedad -una excelente participación de votantes de votantes desafiando el calor y sin un solo incidente reseñable, son un ejemplo- ha incurrido sin embargo ... en una de las incongruencias que sus reglas imponen a menudo llegada la hora de aplicar los resultados. Desde luego que tampoco tanto las democracias parlamentarias como las presidencialistas que rigen en otros países asumen los mismos riesgos y mayores injusticias: en los Estados Unidos, gobernó recientemente Donald Trump con tres millones de votos menos que su adversaria, Hillary Clinton.
Nuestro sistema, que es el que impera en la mayor parte de los países europeos, tampoco es ajeno a situaciones legales que pueden ofrecer una imagen visible de injusticia. Lo estamos protagonizando. El recuento de los votos demostró anteayer la previsión que anticipaban los rechazos a la coalición de izquierdas que había marcado la polémica política de los cuatro últimos años. La alternativa que una buena parte del censo deseaba, el turno bipartidista que representaba el Partido Popular con su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo al frente, ganó claramente a la continuidad en el poder administrativo socialista que lideraba Pedro Sánchez.
A la hora de la verdad, el PP obtuvo más votos, más diputados y mayoría absoluta en el Senado. Pero el prometido y legítimo esfuerzo de Feijóo por asumir la Presidencia, está condenado al fracaso anticipado. Las exigencias que impone la mayoría parlamentaria de una Cámara desbordada por un multipartidismo tan extremo que ni siquiera aglutina la defensa constitucional y unitaria del territorio, le cierra las puertas a participar en el mercadeo de apoyos que, sin embargo, si puede conceder el poder al aspirante derrotado en las urnas quien a pesar de su fracaso e impopularidad tiene anticipadas las únicas posibilidades de continuar amenazando con sus errores y decisiones más delicadas y menos asumibles.
Claro que tampoco está claro que lo consiga. La aritmética parlamentaria todavía no suma el apoyo de los 176 escaños que necesita para ser investido, además de tener que gobernar con una mayoría opositora que le limitaría la autoridad que aspira asumir e incluso depender de la voluntad del golpista Puigdemon pendiente de graves acusaciones judiciales. El panorama que se abre ante este agosto de vacaciones políticamente movidas, es complejo. Ante unas elecciones democráticas todos los ciudadanos somos iguales, algo insólito en el resto de nuestras vidas y condiciones, y es el único derecho que nos proporciona poder expresar las propias ideas individuales y colectivas.
Un derecho que luego neutraliza el mercado que promueve la aritmética parlamentaria frustra nuestros deseos. La situación que se ha creado es compleja, desde luego. Pero la democracia siempre tiene paliativos y alternativas para resolver el problema. Por eso nada sería anormal, ni siquiera inédito, el recurso de clarificar la voluntad política de repetir las elecciones dentro de unos meses tal y como ocurre en otros países.
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