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Estamos viviendo unos momentos históricos por mucho que algunos ciudadanos no quieran reconocerlo. (Están en su derecho). El juramento prestado a la Constitución por la princesa Leonor ante las Cortes confirmándola sucesora a la cabeza de la monarquía parlamentaria que desde hace más de cuatro ... décadas representa al Estado y garantiza la estabilidad política -capaz de superar las vicisitudes polémicas que atravesamos- que venimos viviendo los españoles desde la Transición. Echando una mirada al pasado, puede asegurarse que se trata de un récord de paz y tranquilidad social digno de reconocer y celebrar.
La princesa Leonor ha cumplido dieciocho años, la mayoría de edad de todos los españoles, y podemos apresurarnos a decir que su formación e imagen pública son impecables y especialmente pensando en las altas funciones que la aguardan. Una monarquía parlamentaria no tiene entre sus funciones interferir en la libertad con que desarrollan su actividad los partidos políticos; por el contrario, garantiza que la libertad y la igualdad se respeten y sean los ciudadanos, sin distinción de ideas, creencias, estatus sociales u origen geográfico y cultural, los que decidan su presente y su futuro.
La monarquía parlamentaria es en la práctica el sistema institucional que mejor cumple estas exigencias. Lo demuestra la tranquilidad y el progreso que muestran los países europeos que su continuidad. Juramentos como el que presenciamos este martes de una heredera del Trono es bastante similar de los que se celebran en el Reino Unido, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, etcétera. Sus monarquías parlamentarias no deben ser confundidas con las que rigen en otros continentes partiendo de ancestrales estructuras totalitarias.
Muchos discrepantes poco informados oponen el sistema republicano a la continuidad que garantizan las monarquías parlamentarias y, aunque sus razones son respetables, no aciertan al analizar sus ventajas y desventajas de cada sistema. La experiencia demuestra que las repúblicas se alteran con frecuencia, incluso hasta llegar a la violencia, cuando llega la hora de elegir periódicamente al jefe del Estado entre los líderes políticos que aspiran al cargo. Es muy difícil elegir a alguien que ofrezca garantía de la imparcialidad que exige su gestión. Repasando la evolución política internacional, es frecuente ver situaciones que complican la actividad democrática por las violaciones derivadas de las ideas y convicciones de sus titulares.
Siguiendo con la mirada en el exterior y sin dejar de reconocer sistemas republicanos que cumplen bien sus principios, la realidad también muestra muchos ejemplos que confirman la fragilidad que causa el apego al poder, cronológicamente limitado, de los elegidos. ¿Cuántas crisis estallan en países donde los presidentes desafían sus constituciones recurriendo a estrategias delictivas para mantenerse en el cargo, violando la igualdad de oportunidades? Si prestamos atención a los orígenes de muchas de las dictaduras como las de Venezuela y Nicaragua, hasta las de Rusia y Cuba, sin olvidar a la decana de Guinea Ecuatorial, los presidentes exhiben su condición republicana para justificar su eternización en el poder gracias a la represión y la corrupción.
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