Mil días de retraso

Se cumplen mil días de retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato es de cinco años. En diciembre de 2018 expiró el plazo anterior de una institución que había sido elegida en diciembre de 2014, con Mariano Rajoy al frente ... de una mayoría absoluta. En aquel momento, el PP designó a once de los veinte miembros, por siete del PSOE, uno de IU y otro del PNV. Al frente del Consejo y, por tanto, en la presidencia del Tribunal Supremo se situó Carlos Lesmes. El CGPJ ha de ser designado por una mayoría de tres quintos según la Constitución, y todo él es elegido por el Congreso y el Senado, aunque doce vocales han de provenir de la carrera judicial, que se reserva la presentación de candidatos. Para cumplir tales mayorías, es indispensable la suma de los votos del PP y PSOE, que no ha llegado a producirse. El último intento se frustró en noviembre de 2018 por la filtración de un mensaje del portavoz popular en el Senado, quien aseguraba que la fórmula pactada entonces con los socialistas era favorable al PP. La anómala situación, que se repitió otras dos ocasiones más en democracia, permite una sobrerrepresentación con relación a su peso actual del PP, que insiste además en que no pactará si el PSOE no accede a reformar primero la LOPJ para que el cupo judicial del Consejo sea designado por lo propios jueces. Pero eso no significa que los populares sean los únicos responsables de esta dejación que concierne a toda la clase política, que siempre ha intentado patrimonializar la Justicia y que ha usado para la elección el sistema de cupos, por el cual se intercambian afines en lugar de apoyar a candidatos que tengan apoyo transversal. El próximo lunes, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, asistirá por octava vez a la apertura del Año Judicial que presidirá el Rey, y no perderá ocasión, como ya hizo antes, para lanzar un rapapolvo a los partidos y a la clase política. Las recriminaciones no han hecho hasta ahora mucha mella en quienes deberían arreglar el entuerto, por lo que quizá los jueces debieran tomar decisiones más expeditivas. El Gobierno renunció a reformar el sistema de elección de los consejeros reduciendo, como instaba Podemos, la mayoría de tres quintos a mayoría absoluta, pero alguna asociación judicial propone dimisiones que pongan en evidencia a quienes incumplen el mandato de la Carta Magna. Lo natural, sin embargo, sería que PP y PSOE salieran el lunes del acto judicial con el compromiso de lograr un acuerdo en 24 horas.