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La comisión constituida en el Senado para investigar sobre las circunstancias que concurrieron en la catástrofe generada por la dana del 29 de octubre de ... 2024 comenzó sus trabajos este lunes con la comparecencia de dos expertos de Ingeniería Hidráulica, a los que seguirán otros técnicos que tuvieron responsabilidad en el ordenamiento territorial del sur de Valencia y en las obras del barranco del Poyo. Aunque es de temer que tras esos testimonios se suceda, en sede parlamentaria, el cruce de inquinas, acusaciones e invectivas que desde aquella fecha separa al PP y al PSOE, a la Administración central y a la autonómica, a las derechas y a las izquierdas. Especialmente cuando la constitución de una comisión análoga en el Congreso, contraprogramando la agenda de comparecencias propuesta por la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta, puede restar aún más solvencia a la actuación de las instituciones antes, durante y después de la dana. El hecho de que este lunes mismo la exconsejera de Emergencias de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, recurriera su imputación en la instrucción que sigue la jueza de Catarroja, alegando que las 228 muertes se debieron a que el Ejecutivo central y el autonómico que presidía entonces Ximo Puig no realizaron las obras necesarias da noticia de las dificultades a que la confrontación partidaria puede someter también a la investigación judicial.
Las comisiones parlamentarias destinadas a esclarecer acontecimientos sujetos a diatriba pública se encuentran tan mediatizadas por el conflicto entre intereses de partido que parecen abocadas a la inoperancia. El consenso preciso de criterios e interpretación de los hechos para esclarecer las causas de la tragedia, para que pudiera preverse, atajarse a tiempo o salvar cuando menos a algunas de las víctimas que se llevó el agua, resulta hoy una quimera. Pero a falta de una sintonía general, partidos e instituciones debieran centrarse cuando menos en perfilar protocolos eficientes de corresponsabilidad, y en dotar a las zonas afectadas de infraestructuras y medios que recuperen también el ánimo de la gente. Es el mínimo de sensatez y de solidaridad que han de mostrar los responsables públicos para hacerse acreedores al favor de los administrados tras un quebranto tan descomunal.
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