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Las palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, no respondieron este martes a la improvisación en lo referente a que el Gobierno considera plausible continuar ... la legislatura sin Presupuestos para 2025. Fue una declaración tan deliberada, que era público y notorio que iba a tener lugar tras el Consejo de Ministros. El argumento de que intentar tramitar unas Cuentas propias para el presente ejercicio sin garantías de que pueda lograrse haría perder el tiempo al Parlamento y a los ciudadanos es la expresión de un populismo indecoroso con el funcionamiento de las instituciones y con la inteligencia de los españoles. Pero, además, alegar que la prórroga de unos Presupuestos anteriores a esta legislatura concedería al país un cuadro de ingresos y gastos envidiable no representa el enésimo ejercicio de hacer de la necesidad virtud. Incurre en el engreimiento sanchista de suponer que todo lo que decida hacer el Gobierno con lo que recaude Hacienda estará mejor si elude la prueba del veredicto parlamentario. Con la ventaja añadida de que sorteado el reto mayor –los Presupuestos de 2025– el Ejecutivo Sánchez podrá sortear con mayor facilidad todo lo que se le ponga por delante en cuanto a las Cuentas públicas. Desde el «no rearme» de la Seguridad, al manejo providencialista de las transferencias a las comunidades autónomas. El mensaje de fondo está presente desde la última investidura de Pedro Sánchez.
La legislatura puede completar sus cuatro años no sólo porque la vaporosa mayoría sobre la que se sostiene el Gobierno carece de una oposición capaz de voltear el actual mandato mediante una moción de censura necesariamente positiva. Ocurre además que ninguno de los grupos políticos que participan de tan elusiva aventura, algunos de los cuales –empezando por Sumar– se mostraron este martes vehementes al requerir la tramitación de nuevos Presupuestos, está interesado en complicarle la existencia al socialismo de Sánchez más que a efectos de la fotografía de cada momento. La naturalidad con la que el Gobierno ha resuelto el tema sienta un precedente muy negativo para el ejercicio de la democracia y para la necesaria discusión pública sobre las Cuentas que han de orientar la acción de las instituciones. Debatir sobre ello nunca supone perder el tiempo, sino aprovecharlo para aproximar posturas o para perfilar diferencias latentes. Rehuir tal obligación constitucional no puede salirle gratis ni a Sánchez.
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