La instrucción que sigue el juez Juan Carlos Peinado sobre actividades académicas y promocionales desarrolladas por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, está a ... punto de cumplir un año sin que pueda preverse cuál será la resolución que dicte tras prorrogarse la investigación otros seis meses sobre posible tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, malversación e intrusismo. Las pesquisas sobre la tarea desarrollada al respecto por una responsable del Gabinete de Presidencia, Cristina Álvarez, ante lo que pasado mañana deberá declarar el ministro Félix Bolaños, podrían complicar su situación y la del Ejecutivo. Como podría hacerlo también una mención del último informe de la UCO sobre el 'caso Koldo' a la llamada al parecer realizada por el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, a Gómez en vísperas del rescate de Air Europa por parte del Gobierno. Resulta más que aventurado dar por supuesto que al término de la instrucción se sustanciarán acusaciones de delito. Pero por eso mismo es sorprendente que ni Begoña Gómez ni el presidente Sánchez hayan sido capaces de reconocer que se ha producido un solapamiento anómalo entre su posición institucional y sus actividades profesionales. Además de la dirección de másteres universitarios sin contar con la debida titulación. El hecho de que el PSOE no haya sido capaz de lograr los apoyos parlamentarios precisos para tramitar la proposición de ley inspirada en el caso revela hasta qué punto ni sus socios quieren enredarse políticamente en su defensa.
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