El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que «cualquier acero y el aluminio que vengan a Estados Unidos van a tener un arancel del 25%». A aplicar desde ayer mismo. La diferencia horaria por una parte y la informalidad de Trump por la otra – ... lo dijo mientras se dirigía a la Super Bowl– contribuyen a que sus anuncios sean percibidos como ecos de una tormenta pasajera desatada en la lejanía. La Comisión Europea reaccionó informando de que no había «recibido ninguna notificación oficial sobre la imposición de aranceles adicionales a los productos de la UE». Avanzando que «no ve justificación alguna para la imposición de aranceles a las exportaciones de la Unión». La presunción de que se trata de un 'anuncio táctico' –más que de una decisión en firme– tendente a la apertura de una negociación condicionada desde una posición de fuerza relaja o pospone la respuesta. Cuando una advertencia así desboca la competencia entre compañías, países y hasta Continentes, a la búsqueda de exenciones que consagren la arbitrariedad. Cuando el daño que causa la incertidumbre derivada de un anuncio tan amenazante es inmediato y, a la vez, incalculable. Porque ningún movimiento en los mercados, entre los accionistas de cada firma que pudiera verse afectada, entre miles y miles de empresas auxiliares, entre directivos o trabajadores será consignado en estas horas de espera a que se sustancie el arancel sobre el acero y el aluminio, o cualquier otro, señalando a Trump como su causante.
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El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en cartera proponer que la UE duplique su presupuesto para hacer frente al período que determine el mandato del nuevo presidente de Estados Unidos con una sucesión de medidas que comprometan la autonomía Europea. Lo importante y lo urgente es esto último. Sería poco menos que descabellado dejarse llevar por la rueda de Trump, replicando con más aranceles a sus aranceles, sin que nadie esté en condiciones de asomarse siquiera a la predicción de las consecuencias de tal espiral. Todo parece indicar que lo inmediato sería revisar las restricciones sobre las ayudas de Estado, incluidas las de la propia Unión Europea. Siempre que no conduzca a un proteccionismo artificioso. Las ideas que maneja Moncloa deberían rebajarse cuando se adivina imposible duplicar, en consecuencia, la recaudación.
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