Diálogo entre partidos

El «reencuentro» al que Pedro Sánchez convocó al Gobierno independentista de la Generalitat tuvo ayer su primera puesta en escena, sin duda con el propósito inmediato de que hoy ERC secunde el techo de gasto en el Congreso, y se disponga a apoyar el proyecto ... de Presupuestos. Los términos en que se pronunció Joaquim Torra al finalizar la reunión continuaron situando al independentismo tan lejos de un entendimiento integrador -al reclamar la autodeterminación, la amnistía, e insistir en la conveniencia de un mediador internacional- que no se adivinan los cauces por los que podría transitar el diálogo posterior, mes a mes, cuando el comunicado conjunto solo acierta a remitirse al evasivo concepto de «seguridad jurídica». El acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez recogía «el compromiso de crear una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre Gobiernos...que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático». El marco constitucional y estatutario vigente no prevé tal instancia bilateral, que va más allá de lo establecido en el artículo 183 del Estatut sobre «Funciones y composición de la comisión bilateral Generalitat-Estado», afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional. De modo que el foro constituido ayer es un espacio de encuentro político entre formaciones con responsabilidades de gobierno, y no una mesa de negociación entre Gobiernos. Foro cuya existencia no puede ser impugnada jurídicamente, pero cuyas eventuales resoluciones deberán tramitarse una a una a través de los cauces institucionales establecidos. La entidad de la mesa de diálogo queda aun más en entredicho cuando se anuncia una agenda de reuniones entre «la delegación española y la delegación catalana» -en palabras de Torra- cuyos partícipes irán variando según los temas a tratar en cada cita mensual. El empeño por buscar soluciones imaginativas al «conflicto catalán» no puede sortear los procedimientos constitucionalmente previstos. Mucho menos cuando el independentismo gobernante en Cataluña se enfrenta internamente en vísperas de unas elecciones autonómicas ineludibles, mientras la ministra-portavoz María Jesús Montero insistía en mirar con optimismo el diálogo con posturas que -en sus palabras- se encuentran «en las antípodas» del socialismo en el Gobierno.