El anuncio del proyecto de ley de Caza y Gestión Cinegética de La Rioja, que ayer pasó el corte del Consejo de Gobierno, ha desatado el rechazo frontal de la Federación de Caza. La contundencia de la respuesta del organismo que acoge a los 8.000 cazadores de la región sugiere alguna tara, siquiera formal, en la génesis de un texto normativo en cuya necesidad sí coinciden ambas partes por lo desfasado de la ley en vigor. Es indiscutible que el Ejecutivo cumple con la función de iniciativa legislativa que le reserva la Constitución. Igual que es público y notorio que la Federación está, desde hace algunos meses, detrás del trámite de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con idéntico fin. No es momento de entrar en lo concreto del contenido del proyecto legislativo del Gobierno, pues aún debe superar el trámite parlamentario. Pero sí merecería una reflexión el desarrollo del proceso si es cierto que deja fuera de juego, como lo afirma su máximo responsable, a una Federación que ha evidenciado implicación. La transparencia y voluntad de participación a los que se refirio ayer el titular de la Consejería de Sostenibilidad exigen superar diferencias para encontrar vías que permitan avanzar hacia la nueva ley a través del diálogo, sin exclusiones.

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