Desde que estalló la crisis del coronavirus, en marzo del año pasado, con un confinamiento que paralizó toda actividad no esencial, la deuda de las administraciones públicas, como consecuencia del mayor gasto y los menores ingresos, ha crecido un 13,7% (unos 200.000 millones de euros). El dato de marzo, que se acaba de dar a conocer, supone un nuevo mazazo, por mucho que el Gobierno lo maquille asegurando que es un incremento «estacional» al intensificarse en el tercer mes del año las emisiones por los mayores vencimientos en abril. Y lo es porque con la subida del 1,9% respecto a febrero (25.700 millones de euros) la deuda marca un nuevo máximo histórico de 1,39 billones de euros, por lo que ya supera el 125,3% del PIB. Para encontrar un dato así hay que retrotraerse hasta 1881. Grecia (200%), Italia (155%) y Portugal (133%) manejan cifras aún peores que las de España cuando, ahora sí, gracias a la vacunación masiva, comienza a verse la luz al final del túnel. Una vez que se retome toda actividad, la prioridad es crecer –Bruselas prevé para España un crecimiento del 5,9% para este año, un punto y medio más que la media de Europa–, pero es evidente que más pronto que tarde habrán de hacerse ajustes para contener la deuda.
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