Despolitizar la justicia

El Consejo General del Poder Judicial avaló ayer la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado con 12 votos a favor y 7 en contra. Tanto la parquedad de los términos empleados en la resolución aprobada -sin pronunciarse sobre la ... idoneidad o méritos de la candidata- como, sobre todo, la existencia de posiciones discrepantes reflejan que la designación no genera ni de lejos la anuencia que hubiese sido deseable para el desempeño de tan alta responsabilidad. De hecho, en los últimos 18 años no se habían manifestado tantas reservas en el CGPJ ante una elección de esa índole. Es posible que el Gobierno y los partidos coaligados en él traten de minimizar tan crítico panorama aduciendo que el órgano gestor de los jueces está pendiente de su renovación. Pero sería una grave equivocación por parte del Ejecutivo obviar la amplia contestación que su iniciativa ha suscitado tanto en el ámbito judicial como entre los propios fiscales. Un punto de partida que, si Delgado se hace cargo finalmente del Ministerio Público, la obligará a realizar un sobreesfuerzo para acreditarse como 'idónea' más allá de cumplir con los requisitos legales del puesto. Si la propuesta de la hasta hace unos días ministra de Justicia y diputada del PSOE para la Fiscalía General del Estado pudo entenderse en un principio como un gesto de autoridad de Pedro Sánchez, dispuesto a remar a contracorriente en esta cuestión, las críticas posteriores le impiden retractarse. De manera que el presidente da inicio a la legislatura más vinculado al proceder inmediato de Delgado que a la actuación de cada miembro de su Gobierno. Tanto que el objetivo de desjudicializar el «problema político» catalán a través de este controvertido nombramiento induce el distanciamiento del Poder Ejecutivo respecto al Judicial y viceversa. Con el consiguiente riesgo de que el espacio en que han de moverse jueces y fiscales se vuelva un campo propicio a la confrontación política. Un supuesto este último que los grupos de oposición, por una parte, y las formaciones coaligadas en el Gobierno, por la otra, deben comprometerse a evitar en todo momento mediante la renuncia al recurso abusivo al litigio judicial o a la intromisión política en los procedimientos que se abran. Lo contrario afectaría muy seriamente a la credibilidad de las instituciones al poner bajo sospecha toda decisión o indecisión respecto al cumplimiento de la legalidad, y al sustituir la separación de poderes por un ejercicio invasivo de la pugna partidaria.