Desorientación en Sanidad

El recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la orden publicada en el BOE del pasado sábado –que establecía restricciones de obligado cumplimiento para el conjunto del país a partir del documento expuesto en la última reunión del Consejo Interterritorial– llevó el lunes a la Audiencia Nacional a suspender la aplicación de la norma a la espera de resolver sobre el fondo de la cuestión. El Ministerio de Carolina Darias, que se había mostrado dispuesto a hacerse valer en el acatamiento de la orden, reaccionó anunciando «alternativas lo más consensuadas posible». Alternativas que no constan en el orden del día de la reunión de hoy del Consejo Interterritorial, pero que denotan una vez más hasta qué punto los criterios varían por motivos políticos porque tampoco están fundamentados en dictámenes científicos o técnicos expresos. Lo que desconcierta a una ciudadanía ávida de certezas, y enormemente crítica hacia la confusión que se proyecta desde las instituciones. Vaivenes a los que tampoco son ajenos los sectores de La Rioja más concernidos como la hostelería, el turismo o el ocio nocturno, que reclaman seguridad para afianzar sus negocios y a una clientela igual de molesta con los bandazos. El Ejecutivo insistió en prescindir del estado de alarma con el argumento de que no podía prolongarse la restricción de derechos y libertades, y asegurando a continuación que el Estado de las autonomías cuenta con instrumentos legales ordinarios para seguir encarando la pandemia. Pero es el regreso pautado a la normalidad lo que ha puesto en evidencia al Gobierno. Primero, al recurrir al Comité de Ética del Sistema Nacional de Salud para avalar mediante una declaración de consentimiento informado carente de información la administración de Pfizer como segunda dosis. Luego, al presentar como medidas ineludibles y de obligado cumplimiento aquellas que seis días después están en el aire porque tampoco el Ministerio que las promovió les concede especial importancia. El pasado miércoles el Gobierno irrumpió en el ámbito competencial autonómico de forma incomprensible, cuando había apelado al autogobierno territorial para prescindir del estado de alarma. Quizá porque se había acostumbrado a litigar con el ejecutivo de Ayuso, en una confrontación propicia para ambas partes. El Consejo Interterritorial de hoy ha de pasar de manos del Ministerio al de las comunidades. Es imprescindible que éstas se hagan cargo de la desescalada sobre criterios objetivos.