Desescalada en la enseñanza

El Gobierno central tiene la intención de promover el inicio presencial del próximo curso en septiembre, para lo que ayer remitió un protocolo a los departamentos autonómicos, con cuyos titulares se reunirá hoy Isabel Celaá en la Conferencia Sectorial de Educación. Los alumnos del sistema de enseñanza fueron los primeros en ser confinados, porque los menores eran considerados un vector de infección determinante. Ayer la ministra Celaá adujo que las últimas investigaciones han descartado tal presunción. Si es así, resulta imprescindible que el Gobierno lo certifique con un informe específico que devuelva la tranquilidad a menores, familias y a los profesionales del sector. Después de tres meses de impasibilidad, dudas y contradicciones en las administraciones competentes, era imprescindible que el ministerio fijara una posición para el inicio del próximo curso. Aunque Fernando Simón señalara ayer que en septiembre «habrá que reevaluar la situación» de la epidemia, lo lógico es que el objetivo sea restablecer la enseñanza presencial. Pero tanto la aplicación de las medidas de distanciamiento, como la remodelación de los espacios disponibles, la reorganización horaria mediante jornadas intensivas y el escalonamiento de entradas y salidas, los cambios en el transporte escolar, y el redimensionamiento de las plantillas docentes y no docentes compromete a cada centro y a cada familia. A la red de titularidad pública y a los colegios concertados. En la atención al alumnado con necesidades especiales. O ante la dificultad que entraña detectar en la escuela sospechas de COVID-19 para su aislamiento inmediato. Los esfuerzos personales y el tiempo lectivo requerido para cumplimentar obligaciones de higiene e identificación precoz contribuirán a la formación integral de los menores, pero detraerán la atención respecto al desarrollo del currículo académico ordinario. Todo lo cual ha de ser previsto, testado preliminarmente y consensuado con la comunidad educativa en el plazo de dos o tres semanas. Además, la apuesta indeclinable por la enseñanza presencial solo tiene sentido si, mientras tanto, se disponen los medios, métodos y capacitación precisos para la digitalización de todos los cursos ante el caso de un rebrote localizado e incluso de una segunda ola epidémica. Retos que suman costes tan abultados que exceden de los 2.000 millones que el Gobierno central ha resuelto aportar a las autonomías como transferencia extraordinaria para educación.