La controvertida Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana seguirá vigente ante la incapacidad del bloque de la investidura para acordar los términos de su anunciada reforma. La negativa de ERC y EH Bildu a secundar la propuesta del Gobierno de coalición, que el ... PNV apoyaba en busca de un punto de encuentro entre libertad y seguridad, dejó la iniciativa sin la mayoría suficiente para ser aprobada en la Comisión de Interior del Congreso y, por tanto, invalidada para ser sometida a la votación del pleno. Con ello decaen irremisiblemente las modificaciones que el Ejecutivo trataba de introducir en el texto. Sus dos aliados díscolos discrepaban de que el proyecto mantuviera el uso de balas de goma por parte de las fuerzas del orden, contemplara la desobediencia a la Policía sin necesidad de incurrir en el insulto o la injuria, y preservara las devoluciones en caliente. Ambos grupos infligieron al Gabinete una derrota que se suma a la manifiesta pérdida de sintonía entre los dos socios de la coalición y a la gestación de facto de un Consejo de Ministros compuesto por tres sectores: PSOE, Podemos y Sumar.
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De hecho, aunque aparentemente Unidas Podemos se mantuvo firme en defensa de la posición del Gobierno, el fiasco llevó a la ministra Ione Belarra a acusar a los socialistas de «ir al choque» y a sugerir que la marca morada era más partidaria de aceptar las enmiendas de los independentistas catalanes y vascos. Lo ocurrido revela el motivo de fondo de la prolongada negociación que han mantenido los aliados de Pedro Sánchez: la remota esperanza de que esas dos fuerzas renunciaran a sus postulados aun a sabiendas de que son icónicos tanto para la izquierda abertzale como para el secesionismo catalán. El intento ha acabado concediendo un triunfo al PP y endosando un revés al desgastado Gobierno de coalición.
Dado que los aspectos legales que ambas formaciones rechazan compendian atribuciones más que obligaciones, el desenlace sitúa a Esquerra ante la difícil tesitura de hacer uso de la vigencia de la llamada 'ley mordaza' en la dirección política de los Mossos d'Esquadra o prescindir de unas u otras facultades que siempre estarían al alcance de la Policía autonómica. A EH Bildu le brinda la oportunidad de exigir a la Ertzaintza –y al PNV como responsable principal del Gobierno de coalición con los socialistas en el País Vasco– que rehúse aplicar todas las prerrogativas que le concede la ley orgánica de 2015.
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