Derecho a la salud

Preocupa la salud pública así como el consecuente incremento en la presión hospitalaria, haciendo aflorar la responsabilidad de los no vacunados por el riesgo que su opción personal entraña hacia el resto ya que, a menor vacunación y relajamiento de medidas, aumenta la incidencia de contagios. Solo en España hay más de 4 millones sin vacunar esgrimiendo motivos ideológicos, religiosos y a veces románticos. Con el incremento de contagios, esta decisión deja de ser solo un derecho individual porque comporta corresponsabilidad y un coste de insolidaridad hacia los demás. Casi siete de cada diez ingresados en las UCI españolas no están vacunados, mostrando así la presión que ejercen sobre la sanidad y la repercusión potencial en la salud de los demás. La pregunta es dónde comienza el derecho a decidir libremente de unos y dónde se sitúa el de los demás cuando las creencias individuales afectan a un bien común y un derecho básico y prioritario: la salud pública.

La controversia está servida y los diferentes países toman medidas para evitar la extensión pandémica. Austria ha confinado 20 días a los no-vacunados, impone el pasaporte sanitario para acceder a establecimientos públicos no esenciales y articular una ley que obligará a vacunarse. Alemania ha declarado el estado de emergencia nacional, los Países Bajos han confinado parcialmente, hay restricciones para los no vacunados en la República Checa o Eslovaquia, Italia exige a los trabajadores un certificado no-COVID, Francia hace pagar personalmente los test para detectar el coronavirus a ciudadanos no vacunados, etcétera.

El derecho a la vida y a la salud es el deber público más relevante. Debe ser prioritario y protegido jurídicamente, preservando todos la prudencia.