Por decreto

En el artículo primero, párrafo segundo de este Decreto se dispone: «El límite máximo del precio de venta al detalle de los vinos comunes o de pasto estará determinado por la suma del precio de mayorista, de un recargo de hasta el 18% en concepto de beneficio industrial, más el importe de los impuestos o arbitrios que sean de cargo del establecimiento expendedor. Sin embargo, cuando el vino se expenda para su consumo directo en el mismo establecimiento, el recargo citado podrá elevarse hasta un límite máximo del 30%».

En el artículo segundo llama la atención la obligatoriedad de citar en la etiqueta, además de los datos hoy habituales de registro del embotellador y localización de la bodega, «el valor en origen del vino que contenga la botella».

En el siguiente se lee: «En todos los establecimientos, cualquiera que sea su denominación o categoría, en los que se sirvan comidas por cubierto o a la carta, cuando el precio neto de la consumición individual no exceda de cincuenta pesetas se considerará comprendida en dicho servicio y se facilitará a cada cliente la ración de un cuarto de litro de vino puro y sano de cualquiera de los tipos comunes o de pasto que se expendan en la plaza o comarca en que radique el establecimiento; y cuando se trate de comidas en los vagones restaurantes, se servirá la misma cantidad de cualquiera de los tipos de vinos comunes españoles».

En el artículo quinto, segundo párrafo, se dispone que «el precio de los vinos embotellados no podrá exceder del doble del valor de origen que figure impreso en la etiqueta a que se refiere el artículo segundo, más el importe de los impuestos o arbitrios legalmente establecidos en la localidad donde se halle abierto el establecimiento...».

¿Se imagina usted hoy un Decreto de esta guisa? ¿Qué dirían los defensores del liberalismo económico? ¿Qué dijeron en su día? Nada. No dijeron nada porque el Decreto de 9 de octubre de 1953 por el que se dan normas para el consumo obligatorio de vino en los establecimientos públicos (BOE nº 305 de 1 de noviembre de 1953, página 6.477) lo firmaba un tal Francisco Franco, que, como bien sabemos era, como ellos, liberal y defensor de las libertades (de todas).