Declaración de partida

El Gobierno aprobó ayer una declaración de emergencia climática y ambiental y definió 30 líneas de intervención transversal que comprometen a todos los ministerios, con el anuncio de que cinco de ellas se pondrán en práctica en los primeros 100 días de su mandato. El ... más relevante de estos últimos será el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. La vicepresidenta Teresa Ribera fijó ayer el horizonte de 2050 para que España alcance la neutralidad climática en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el que el Ejecutivo hace suyo el objetivo asumido por la UE, sin sumarse en principio a los países que han decidido adelantar esa meta, pero sin renunciar a hacerlo más adelante. Se trata de una postura prudente en tanto que realista. Por eso mismo debiera reconocer expresamente que no se sitúa a la cabeza de los Gobiernos de la Unión, sino que está obligado a recuperar el tiempo perdido. Especialmente cuando los esfuerzos que reclama la declaración de emergencia deberán sostenerse sobre los Presupuestos cuya aprobación se anuncia para avanzado el verano y sus propósitos solo pueden realizarse con el concurso activo de todas las administraciones del Estado. Ribera avanzó que la ley obligará a las casi 150 ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con zonas de bajas emisiones -se supone que de manera inmediata-. Pero la descarbonización queda pendiente de plasmarse en cuanto al límite temporal en la fabricación y venta de vehículos que emitan CO2 y las medidas fiscales -de penalización o de incentivación- que pudieran arbitrarse al efecto. Interrogantes que no pueden mantenerse por más tiempo sin una definición en detalle, tras el pertinente diálogo con los sectores concernidos. La declaración de emergencia brinda un marco imprescindible para reorientar todas las políticas públicas hacia la sostenibilidad. Pero el voluntarismo, aunque sea institucional, no solo es insuficiente, sino que se vuelve inconveniente ante un desafío de tal magnitud. El anuncio de que se constituirá una asamblea ciudadana -siguiendo la experiencia «exitosa» en Francia- para desarrollar la declaración, con especial participación de los jóvenes, invita a sugerir al Gobierno que dirija sus esfuerzos a contar con el parecer de investigadores, gestores del medio ambiente y responsables públicos con experiencia en desarrollo sostenible y economía circular. Es decir, a conformar una 'asamblea experta'.