Decisión política

Pedro Sánchez declaró ayer que el Gobierno decidirá sobre la petición de indulto a favor de los condenados en el juicio del 'procés' atendiendo a «valores constitucionales como la concordia y el entendimiento» frente a «la venganza o revancha», y que está a la espera del informe al respecto del Tribunal Supremo. El nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, juró su cargo el lunes con el compromiso de «hacer inevitable la amnistía» –no precisó cómo– de los dirigentes secesionistas en prisión, que han eludido solicitar la medida de gracia. El abogado Francesc Jufresa la reclamó formalmente en diciembre de 2019 por considerar desproporcionadas las penas impuestas.

La Constitución no permite la amnistía. Sin embargo, hay soberanistas en Cataluña, País Vasco y Galicia que apoyan los indultos porque, frente al criterio de la Justicia, sostienen que los actos por los que fueron condenados sus eventuales beneficiarios no son delito. El segundo argumento favorable a su concesión es que contribuiría a normalizar la convivencia en Cataluña y entre esta comunidad y el resto de España. Una tesis avalada por el Gobierno al señalar su portavoz que la decisión que adopte responderá «al interés general» y, sobre todo, cuando el presidente concedió ayer rango de «valores constitucionales» a motivos que más bien parecen de interés político e incluso partidario. Porque es inevitable vincular la eventual aprobación de esta medida de gracia y la necesidad del Ejecutivo de garantizarse el apoyo de ERC para completar la legislatura. Como lo es preguntarse si Sánchez, según se deduce de sus palabras en las que insinuó el indulto, entiende que el cumplimiento estricto de la sentencia del Supremo supondría una «venganza o revancha», un pronunciamiento insólito en un responsable institucional de su rango y que cabe cuestionar si mantendría en el supuesto de que los afectados no fueran sus socios.

El Gobierno no tiene obligación alguna de hacer suyos los dictámenes del tribunal y de la Fiscalía al pronunciarse sobre esta materia. Pero, en el supuesto de que los desatienda, le será muy difícil presentar su decisión –perfectamente legítima, por otra parte– como una visión jurídica alternativa sin aferrarse a su potestad política de hacer efectivas medidas de gracia que deberá sancionar finalmente el rey. Sánchez tendría que aceptar que, en tal caso, una decisión que sería eminentemente política pueda ser contestada también desde posiciones políticas.