El deber autonómico
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EDITORIAL ·
Los presidentes de CCAA han de preocuparse de contar con dinero suficiente para la reconstrucción más que de protagonizar la desescaladaEl presidente Sánchez expuso ayer a los presidentes de las comunidades autónomas algunos pormenores del fondo adicional y no reintegrable de 16.000 millones de euros con el que el Gobierno central ha decidido auspiciar a las administraciones territoriales por el impacto de la pandemia, ... en una videoconferencia que volvió a revelar la disconformidad con la que algunos de los participantes ven la gestión del estado de alarma que se realiza desde La Moncloa y la falta de consultas previas al anuncio de las nuevas medidas que va adoptando la 'autoridad única'. 10.000 de esos millones irán destinados a cubrir los costes sanitarios que ha supuesto el Covid-19, 1.000 para hacer frente a sus efectos sociales y 5.000 para compensar el revés recaudatorio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó ayer que el monto establecido corresponde a la suma de los gastos y a la merma de ingresos de las que los Gobiernos autonómicos han informado hasta la fecha al Ejecutivo central. Pero, dado que el modelo de financiación autonómica continúa pendiente de revisión, el Gobierno Sánchez no debería limitar la aportación de esa ayuda al período en el que rija el estado de alarma. Los efectos del coronavirus y las carencias que ha revelado obligan a apuntalar financieramente la parte del estado del bienestar de la que son competentes las autonomías –red y recursos sanitarios, dependencia y cuidado de las personas mayores, así como la digitalización educativa–.
Basta fijarse en las residencias, que representan el doble de plazas que las hospitalarias, para percatarse de la magnitud del déficit estructural que lastra la actuación autonómica. Por discutidos que acaben siendo los criterios de distribución de esos 16.000 millones –10.000 de los cuales serán transferidos además en la segunda mitad del año–, el problema es cómo sufragar en adelante la política social y sanitaria que depende de las autonomías. Por eso mismo, los presidentes autonómicos no deberían preocuparse tanto de que sus respectivos Gobiernos sean sujetos activos de la desescalada, como de que al final cuenten con el erario suficiente para emprender la reconstrucción. El desconfinamiento obliga a una también gradual vuelta a la ordenación normal de las competencias en el Estado de las autonomías. Pero el verdadero desafío para las instituciones autonómicas se encuentra en las fallas que la pandemia ha aflorado en nuestro sistema de bienestar.
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