Debatir en libertad

Ni ordenar que atiendan positivamente todas las propuestas de ese tipo que les lleguen. En una sociedad abierta, la realización plena de la democracia invitaría a que los candidatos y partidos respondan libremente al ofrecimiento de su participación en debates, sea cual sea el formato, a sabiendas de que su negativa a acudir a ellos sería objeto de crítica partidaria. La ley órgánica no podría consagrar más que la libertad. Está comprobado que todo candidato en ventaja demoscópica respecto a los demás aspirantes evita someterse a situaciones que no controle. Del mismo modo que las formaciones con menos expectativas encuentran en los debates públicos su oportunidad de campaña. Los propósitos de transparencia decaen cada vez que un partido sortea la confrontación con los demás, hurtando así la información que los electores requieren para decidirse sobre su voto. Máxime cuando la indecisión supera el 40% de los ciudadanos que se dicen dispuestos a votar. En el caso de La Rioja, TVR ya ha confirmado la realización de un debate a seis, con los candidatos de las fuerzas políticas con opción a lograr uno de los cuatro escaños en disputa, y nada sería más decepcionante que los aspirantes a la Presidencia del Gobierno rehuyeran el debate entre ellos por discrepancias sobre qué cadena o cadenas deben emitir su contraste de propuestas. Nada añadiría más incertidumbre a la política española que el desencuentro partidario a la hora de citarse a debatir.