EL DEBATE QUE NO MUERE

La disparidad legislativa sobre la eutanasia es enorme. Está legalizada en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Australia, Canadá... y permitida en Suiza y en diversos estados de Estados Unidos. En España, no, como establece el artículo 143 del Código Penal, que regula la inducción al suicidio y la cooperación con el suicidio de otras personas con penas que llegan hasta los diez años de prisión.

Sin embargo, si el debate existe, se reproduce y no muere es porque una mayoría de la ciudadanía -según el CIS, el 78% de los españoles está total o bastante de acuerdo en que se regularice la ayuda para recibir una 'muerte digna'- demanda el 'suicidio asistido' en enfermos incurables. Es decir, que exista el derecho legal para poder solicitarla, y luego, que cada cual -la clara línea divisoria entre los que consideran que la vida nunca es un 'daño' y los que se creen con la capacidad moral suficiente para determinar cuándo vivir deja de merecer la pena- decida si lo ejerce o no. En cualquier caso, se trata de un asunto colosal que debería abstraerse de la frivolidad inherente a los mítines electorales para confiarlo a los expertos y, por supuesto, buscando siempre el máximo consenso ciudadano posible.