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Con la desenfadada torpeza habitual, Díaz Ayuso ha tenido la virtud de situar el debate político a cuenta de la crisis generada por el coronavirus ahí donde en realidad ha ido desembocando de manera natural, poniendo bajo los focos de la luz pública la ... controversia que hasta ahora discurría por aguas subterráneas: la discusión sobre si debe darse prioridad a la lucha contra una situación de gravísima emergencia sanitaria (contenida, pero no resuelta) o si debe por el contrario concederse más relevancia a combatir el invierno económico que se avecina. Quienes, como insinúa la presidenta madrileña con la boca pequeña, sostienen que de la enfermedad acabaremos algún día saliendo más o menos victoriosos, aunque con el penoso balance de víctimas que no deja de sobrecoger el ánimo, alertan en realidad de que el principal peligro, el más amenazante para el conjunto de la sociedad, tiene que ver con la virtual paralización de la actividad social, industrial y comercial. Y que en consecuencia deberían adoptarse hoy mejor que mañana todas aquellas medidas (cirugía radical) que aseguren lo que crudamente explica en tono confidencial más de un político riojano: «Puede que no muramos por el virus, pero puede que luego nos muramos de hambre». La misma idea que solo se atreve a explicitar Donald Trump.
Como se trata de un mensaje políticamente incorrecto, solo alguien tan temerario como el presidente de Estados Unidos (o como Díaz Ayuso, más tácitamente) acepta el riesgo de llevar esa disyuntiva al centro del tablero político. Pero es un debate que sostienen todas las administraciones implicadas: observando la contradictoria trayectoria de, por ejemplo, los gobernantes riojanos se deduce que entre ellos no habita precisamente la unanimidad al respecto. Como en tantos otros frentes abiertos por la estrategia seguida ante el virus, se diría que hay tantas opiniones como consejeros. Y que la división observada en sus declaraciones públicas atiende a un factor que gana peso a medida que retrocede el nivel de contagio entre los riojanos. Ese temor a que la hipotética resolución de la crisis sanitaria no sirva para garantizar un porvenir soleado para los intereses del Palacete. Que son políticos y electorales.
Véase el caso reciente de la comparecencia de la consejera Santos en el Parlamento, donde a ratos ejerció más bien como conciencia crítica de su Gobierno. En estas mismas páginas, la titular del área social del equipo de Concha Andreu (una cartera especialmente sensible para un Gobierno de coalición de raíz izquierdista), aventura hoy un futuro sombrío en cuanto las consecuencias de la crisis deparen el desenlace temible: las filas ante Cáritas, la Cocina Económica o el Banco de Alimentos. Un escenario de emergencia social más difícil de gestionar incluso que la actual crisis sanitaria. La advertencia de Santos, una dirigente muy querida entre las bases socialistas que no terminan de entender su actual perfil bajo y ciertas desconsideraciones hacia su figura, apunta al corazón de la estrategia del Palacete. Una especie de aviso para su jefa, que parece dispuesta a encadenar su relato al de Sara Alba, en la presunción de que todo Gobierno que salga airoso de su gestión en materia sanitaria dispondrá a continuación de un capital político casi inagotable, puesto que según esta teoría la simpatía popular le garantizará una luminosa legislatura.
Es una línea de pensamiento cuestionable. Porque la memoria es corta. La del ciudadano, en tanto que potencial elector, incluso más breve. Cuando le toque votar es posible que ya no recuerde cómo se gestionó la crisis contra el virus, las horas robadas al sueño por Alba y su equipo, la estrategia de comunicación diseñada desde el entorno de Andreu que sigue sin gozar por cierto de un consenso unánime entre los suyos. Olvidar la importancia del dinero en la conducta de todo votante es estúpido, como hace tiempo quedamos avisados.
Lo recuerda estos días el prestigioso periodista canadiense Jonathan Kay, experto en el análisis de datos. Quien viene publicando una serie de artículos en la prensa de su país cuyo resumen haría feliz a quienes intentan susurrar hasta ahora sin éxito al oído de Andreu la tesis siguiente: el fin de la cuarentena no equivaldrá a reactivación. Porque no recayó solo en cada Poder Ejecutivo la culpa del frenazo en la actividad, sino que la paralización nació de un impulso conjunto de empresas y ciudadanos en esa dirección. La opinión de Kay se basa en el detallado examen de curvas de infección en medio mundo, de donde nace una moraleja que pueden replicar a escala riojana nuestros dirigentes: la conveniencia de irse curando en salud cuanto antes. La política que pretende Ayuso implantar a golpe de cazuela. El difícil equilibrio entre sanar al enfermo sin matar la economía.
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