Cumplimiento sin merodeos

La proposición de reforma de la ley lingüística de 1998 suscrita por ERC, Junts, el PSC y En Comú Podem para reconocer el español en la enseñanza –y que ha derivado en el enésimo cisma en el independentismo– da respuesta, según su promotores, a la ... sentencia del Tribunal Superior, ratificada por el Supremo, que impone un 25% de castellano en las clases en Cataluña. Pero la iniciativa, que ahorma un nuevo –y frágil– consenso entre el secesionismo, los socialistas y los comunes en torno a la inmersión en catalán, no garantiza por sí sola el cumplimiento del fallo judicial; especialmente cuando lo que trasluce es una voluntad, explícita o implícita, de sortear la obligatoriedad del fallo aunque sea con apariencia de que se pretende ejecutar. Aunque con ser relevante, el problema de fondo no se circunscribe a las reticencias, cuando no oposición, que viene exhibiendo el soberanismo a ceñirse a las resoluciones del Estado constitucional y la incomodidad que eso endosa al PSC y a En Común. El desafío radica en el respeto o no a las reglas democráticas –que incluyen la aceptación de las decisiones del Poder Judicial aunque se discrepe radicalmente de ellas– y al pluralismo de una comunidad bilingüe en su complejidad social.