Tua culpa

Así lo aseguró ayer el director general de Diálogo Social y Relaciones Laborales del Gobierno regional, Ignacio Arreche, en una jornada organizada Colegio de Economistas, el Colegio de Graduados Sociales y la Delegación del Colegio de Gestores Administradores de Aragón y La Rioja. Los profesionales loaron «la excelente» gestión realizada por la Comunidad en la tramitación de los ERTE, pero los graduados sociales aprovecharon la sesión para reprochar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que «no asuma» sus obligaciones y «derive en nosotros la responsabilidad de la falta de pago de las prestaciones» de desempleo de los trabajadores afectados.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de La Rioja, Miguel d'Harcourt, reconociendo que el Ejecutivo regional no es competente, pues el SEPE es estatal, pidió a Arreche que, en la medida de lo posible, el Gobierno autonómico pueda interesarse por la salida de una coyuntura «insostenible» para este colectivo, aseveró D'Harcourt. Su petición no cayó en saco roto. Arreche dijo que intentará «transmitir esta preocupación» para «ver si de alguna forma se puede ir cambiando, aunque sea de manera gradual, esta situación».

El representante de los graduados sociales riojanos denunció «la improvisación y la inseguridad jurídica», así como que «estamos cargando con todas las tareas administrativas sin ser funcionarios y sin conocer ni tener formación sobre los procedimientos informáticos que (el SEPE) nos obliga a utilizar». Además, recordó que «llevamos confinados desde el 14 de marzo sin un día de descanso, y esto no es broma: estamos padeciendo jornadas de catorce y quince horas diarias, sábados y domingos incluidos». D'Harcourt reclamó, asimismo, «un canal de comunicación especializado para profesionales» en todas las administraciones con el fin de «evitar el colapso administrativo», así como «unificar criterios, ampliar plazos y simplificar los trámites».

Al margen de esta protesta de los graduados sociales, la jornada sirvió para que el director general de Diálogo Social y Relaciones laborales despejase dudas de los colegiados en torno a los ERTE. Así, Arreche aclaró que las empresas pueden mantener sus ERTE activos en tanto retoman su actividad y 'rescatan' trabajadores de forma progresiva. Porque son las empresas «las que deben valorar en qué grado pueden volver a la normalidad y con qué porcentaje de plantilla».

Tras comunicar al SEPE cuántos trabajadores «desafectan» es el servicio estatal el que debe informar a la Tesorería General de la Seguridad Social con el decalaje de un mes, precisó. ¿Con este paso las empresas cumplirían todas sus obligaciones ante la administración? A juicio de Arreche, sí, pues al cumplimentar toda la documentación del SEPE «eso daría fe de que la comunicación ya se ha hecho». En todo caso, el representante del Gobierno regional comprendió que la administración revise los procesos «para evitar situaciones de fraude».

Por otro lado, en la sesión también se abordó el 'silencio administrativo': una vez transcurridos cinco días desde la solicitud de ERTE por fuerza mayor –plazo «inasumible e inalcanzable» para «revisar a fondo» las causas motivadas de todos los procesos–, y en ausencia de resolución de la autoridad laboral, el silencio administrativo se interpretaba en sentido positivo y el expediente quedaba autorizado. Sin embargo, en la actualidad se están realizando revisiones «y alguno hemos denegado».