Cuidarnos en casa
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Depende del sentido de la responsabilidad ciudadana que las excepcionales restricciones que implica el estado de alarma duren el menor tiempo posibleEl Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que declara el estado de alarma y las medidas resueltas para su aplicación inmediata, ratificando las iniciativas que hasta su publicación en el BOE han venido adoptando las comunidades autónomas y las entidades locales, y centralizando ... en el Gobierno la dirección de las actuaciones que deban implementarse en los distintos territorios. Pero una decisión de tal magnitud, frente a una crisis sanitaria de tan incierta evolución, requería un liderazgo político e institucional indiscutible por parte del Ejecutivo. Tanto respecto a la propia cohesión interna de la coalición como en lo que se refiere a la deseable anuencia de la oposición y en cuanto a la sintonía operativa entre la Administración central y las autonómicas. Las desavenencias que afloraron ayer no solo dificultan que las autoridades competentes puedan emplazar con autoridad a los ciudadanos a conducirse con una «disciplina social» solidaria y responsable. Contribuyeron además a la desconfianza y a la incertidumbre. Si ya resultaba cuestionable la exasperante cadencia con la que el Gobierno había previsto la agenda de reuniones, decisiones, publicaciones y nuevas medidas en una semana que se sabía iba a ser muy crítica, fue desconcertante comprobar que mientras la población esperaba resoluciones ejecutivas de naturaleza restrictiva, el Consejo de Ministros se eternizaba en una reunión tensa que una vez más evidenció la competencia latente entre sus socios. A lo que se sumó la incomodidad de dos gobiernos autonómicos clave como País Vasco y Cataluña ante la literalidad de un decreto que difícilmente podía redactarse en términos más sensibles a los autogobiernos territoriales a partir de la Ley Orgánica de junio de 1981. Es por eso urgente que el presidente Sánchez restablezca la unidad interna de su Gobierno, su sintonía con las comunidades autónomas a través de la videoconferencia de presidentes que se pospuso de ayer a hoy, y sus vínculos de complicidad responsable con el conjunto de los grupos parlamentarios en la ronda fijada para mañana.
El estado de alarma limita la libertad de circulación y los hábitos cotidianos de tal manera que sus quince días de vigencia, prorrogables, modificarán drásticamente la vida de los españoles. Tan exigente intervención pública sobre una sociedad abierta –la implícita prohibición de un paseo saludable, e incluso del contacto habitual con familiares y amigos– revela por sí misma la gravedad del problema que intenta atajar la nueva fase de la emergencia frente al COVID-19. Las restricciones están afectando en su ánimo especialmente a las personas mayores –mucho más a las que viven en la soledad no deseada– y a los más pequeños, que se ven obligados a experimentar lo que ni sus padres ni sus abuelos han conocido nunca y de lo que nunca les advirtieron. Están afectando anímicamente a quienes integran el 'grupo de riesgo' y a quienes, en su inocencia, hace una semana que fueron señalados como vectores de la infección pandémica. También por eso es importante que los ciudadanos, las empresas, los vecindarios y los usuarios de las redes nos comprometamos a que el estado de alarma no se prolongue más que quince días. Por nuestros mayores, y por nuestros pequeños. Mientras tanto podremos ir a trabajar cuando no se nos facilite el teletrabajo, a comprar lo imprescindible porque no necesitamos nada más y queda asegurado el aprovisionamiento, a cuidar de los nuestros, a cruzar unas palabras en el quiosco en busca de noticias impresas. Pero finalmente será nuestra disciplina cívica la que consiga liberarnos del confinamiento. Solo así podremos salir de casa sin restricciones dentro de quince días.
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