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Los cambios en la fiscalidad apuntan más a un gesto de pretendida justicia social y climática que a la efectiva obtención de recursosEl Gobierno dio ayer su visto bueno al anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incrementan de manera muy notable el gasto a cuenta de los fondos que se esperan de la UE y de los cambios tributarios que introducen las nuevas ... cuentas. La magnitud de la crisis desatada por la pandemia obliga a los gobiernos de los países desarrollados a adoptar medidas anticíclicas, tal como vienen señalando todos los organismos internacionales y aconsejan los institutos de análisis. Pero el pulso ideológico que mantienen los dos socios de Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– parece haberse impuesto a última hora y definitivamente sobre la reflexión más pausada y a varias bandas que hubiese sido conveniente para equilibrar el gasto directo y la inversión de cara al próximo ejercicio. A falta de conocer el detalle de las partidas presupuestarias que aprueba el Gobierno de Sánchez, y más allá de la imperiosidad de cubrir necesidades urgentes de los sectores más desfavorecidos, no parece prudente que el Ejecutivo se aventure a recabar el voto negociado de los grupos que secundaron la investidura del presidente comprometiendo un volumen de gasto que hoy por hoy no cuenta con un sostén real en ingresos, y la rentabilidad social de cuyo destino tampoco está asegurada. El Ejecutivo de coalición necesita desembarazarse políticamente de las Cuentas de Montoro, y el país y sus administraciones públicas precisan afrontar el año que viene y los siguientes con presupuestos actualizados. Pero el doble enunciado programático en que se basa la expansión presupuestaria del Gobierno Sánchez-Iglesias, de dejar atrás los tiempos de austeridad y transformar al tiempo el modelo de crecimiento, corre el riesgo de dibujar un horizonte tan ambicioso como alejado de lo posible en lo inmediato. En ese sentido, las modificaciones que el anteproyecto presupuestario introduce en la fiscalidad parecen apuntar más a un gesto de pretendida justicia social y climática que a la efectiva obtención de recursos financieros para la igualdad. El Gobierno podría plantearse la eventualidad de prescindir de cambios tributarios tan parciales e incluso sesgados, y de tan dudosos efectos recaudatorios en cuanto que generen reacciones adversas, para promover una reforma de alcance en nuestro sistema fiscal, sin por ello desatender las necesidades de 2021 y aprovechar el impulso económico y social que propicien los fondos europeos.
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