Unas cuentas sin milagros

Por una parte, la ventaja recaudatoria de aplicar un mínimo del 15% al impuesto de sociedades ha sido estimada por el Ministerio de Hacienda como un incremento de 400 millones sobre 1.070 grandes empresas, ante un techo de gasto de 196.142 millones, de solo 45 millones por encima del Presupuesto 2021. Una aportación testimonial del 0,002% del monto presupuestario. Por la otra, la ley de la Vivienda que desarrollaría un precepto constitucional, sobre la que al parecer el Gobierno ha trabajado durante un año, no tiene aún fecha para su aprobación en Consejo de Ministros, y es de suponer que su tramitación parlamentaria se prolongue en 2022. Hasta el punto de que la previsión presupuestaria del bono de alquiler para jóvenes trabajadores, anunciada por Pedro Sánchez, deberá esperar hasta la promulgación de la norma para hacerse efectiva. Resultó ayer elocuente la apreciación de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al subrayar que el acuerdo entre las dos partes del Gobierno asegura la estabilidad, como si esa hubiese sido la intención fundamental de Unidas Podemos en su pulso con los socialistas del Consejo de Ministros.

Como fue significativa la insistencia de la ministra María Jesús Montero en descifrar las cuentas en cuanto a sus beneficios para los jóvenes y para la igualdad de género. Cuando también esos dos parámetros dependen de la carga innovadora que comporten los nuevos Presupuestos, mientras estos siguen quedándose atrás en la carrera por recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas en investigación básica, en la transformación del sistema productivo, en la cualificación del empleo disponible.