Cuatro años de un disparate

El cuarto aniversario del 1-O en Cataluña no pudo ser celebrado ayer con entusiasmo por quienes promovieron aquella consulta ilegal ni recordado con satisfacción por quienes se opusieron a su convocatoria. Tanto la mayoría de los catalanes como la del resto de los españoles ... recordará aquella jornada como una fecha aciaga. Como un instante de ruptura en la convivencia en Cataluña y en el entendimiento entre quienes acudieron a las urnas instaladas ilegalmente y los ciudadanos de las otras comunidades. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, llamó ayer a la unidad de los independentistas al anunciar que «Cataluña volverá a votar» y declarar a su Gobierno «heredero del 1-O» como punto de no retorno. Pero en realidad fueron declaraciones evasivas porque, cuatro años después de la eclosión soberanista, nadie en el secesionismo es consecuente con lo que dice. De víspera, la CUP sometió a consideración del Parlamento catalán fijar una fecha, dentro de la presente legislatura, para convocar el referéndum de autodeterminación. Inevitablemente los demás independentistas recordaron que los 'cupaires' vienen promoviendo un rupturismo cuyas consecuencias legales recaen una y otra vez sobre los dirigentes de ERC y los de Junts, y no sobre ellos. En nombre de Junts se tachó la propuesta de «gesto estúpido e inútil», nada menos, y se comprobó que hasta la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, se ve en la necesidad de defender el principio de legalidad a la hora de promover los postulados independentistas. La circunvalación testimonial del universo jurídico europeo por parte de Carles Puigdemont sería la única muestra de osadía secesionista en estos momentos. El indultado Oriol Junqueras denunció ayer que el régimen del 78 trataría de perpetuarse gracias a la acción de las instancias judiciales contra el independentismo. Pero los bosquejos conocidos de la república catalana amenazan con la gestación de un poder nuclear que acapararía todas las atribuciones del Estado que los soberanistas imaginan concentrarse en España. El independentismo gobernante se sostiene sobre el poder autonómico de la Generalitat. Pero, cuatro años después de la consulta ilegal como «acto fundacional de la república catalana», la pulsión secesionista y sus divisiones siguen consumiendo energías que los poderes autonómicos necesitan para atender a las necesidades ciudadanas mientras Cataluña se empequeñece entre naderías.