Corrosiva corrupción

Ha habido 'pelotazos' de una cuantía muy superior, pero difícilmente más obscenos que el protagonizado por Luis Medina y Alberto Luceño por intermediar en la compra de mascarillas y guantes para el Ayuntamiento de Madrid en los momentos más angustiosos de la pandemia. Los 6 millones de euros que se embolsaron por un contrato de 16 aplicando precios desorbitados a artículos que en parte eran de pésima calidad retratan a unos comisionistas sin vergüenza ni escrúpulos. La compra con sus ganancias de una quincena de coches de alta gama o un yate, y los sonrojantes mensajes en los que, eufóricos tras dar el golpe, exclamaban «¡'pa' la saca!» indignan a cualquier ciudadano decente. Cuantos más detalles se conocen, más queda en entredicho el alcalde José Luis Martínez-Almeida por su tardía reacción, sus contactos con quienes calificó suavemente de «pillos» y la carta en la que les agradecía su «donación muy generosa» como si hubiesen regalado el material en vez de esquilmado las arcas municipales que él debe proteger.

La excepcional situación generada por el COVID obligó a las instituciones de todos los colores políticos a habilitar procedimientos de urgencia sin los controles habituales, lo que dio pie a repugnantes abusos que no siempre traspasaron la línea que separa la absoluta falta de ética y el delito. Contratos a 'dedo' de diversas administraciones por valor de 6.500 millones están bajo la lupa de los tribunales. Aclarar los hechos y depurar las responsabilidades penales o de otra índole que correspondan es una necesidad no solo para hacer justicia, sino para defender el sistema democrático de la corrosiva corrupción.