Cordura institucional

Pero el Poder Ejecutivo debe saber encajar un revés que emana del Alto Tribunal, por injusto y fuera de tiempo que le parezca, y aunque considere –en palabras de la ministra Margarita Robles– que se pierde en «elucubraciones doctrinales». Además, no es procedente institucionalmente que el Gobierno achaque la decisión a que el Constitucional sigue pendiente de renovarse, sobre todo cuando, a pesar de la negativa del PP al acuerdo, el PSOE no puede eludir su responsabilidad de alcanzar la mayoría cualificada que actualice la composición del TC. Dado que la sentencia no pone en entredicho la estrategia de salud pública a seguir durante lo que resta de pandemia, el Ejecutivo debe centrar sus esfuerzos en la contención de la quinta ola y en la vacunación, sin alentar la diatriba pública sobre la decisión del Constitucional. Y debe también extraer las conclusiones de una resolución de alcance para el futuro, afrontando los cambios legislativos que se ha resistido a explorar siquiera. Porque por disgustado que se encuentre el Gobierno, lo preocupante sería que el desacuerdo institucional acabara desconcertando aún más a los españoles, que bastante tienen con recomponer la normalidad de sus vidas en medio de la incertidumbre, mientras tratan de sortear los nuevos brotes.

También por eso resulta necesario que PP y Ciudadanos eviten tensar las diferencias con el Gobierno a cuenta de la sentencia. El hecho de que Sánchez haya realizado una gestión de la pandemia sin demasiadas concesiones al diálogo con la oposición, administrando la cogobernanza con las autonomías según sus conveniencias, no justifica que Pablo Casado e Inés Arrimadas se encelen en la confrontación ante un problema que requiere de la unidad de todos, como ayer recordó Felipe VI en el Homenaje de Estado a las víctimas del COVID.