La Constitución cumple este martes 44 años como marco básico de la convivencia en una España diversa. De lejos, el período más prolongado de libertad y progreso en la Historia de nuestro país. Aunque insistir en ello no parezca suficiente para que el consenso constitucional ... prevalezca sobre las legítimas discrepancias que día a día tensionan la vida política. Discrepancias que se manifiestan hasta el límite precisamente porque la Constitución brinda todas las oportunidades para hacerlo. Las formaciones e instancias que se reclaman constitucionalistas tienen la obligación de propiciar su desarrollo sin que haya disenso alguno que justifique su incumplimiento siquiera parcial o puntual, como está ocurriendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es la Constitución de 1978. Mencionar el año de su promulgación por referéndum hace honor a su solidez. Pero se utiliza fundamentalmente para señalar la necesidad de su actualización e, incluso, para cuestionar su vigencia, olvidando tan a menudo que la Carta Magna contempla su propia reforma como una invitación a procurar un consenso equiparable o superior al que condujo a la democracia constitucional tras la dictadura franquista. Esa reforma exige mayorías que se alejan como posibilidad cada vez que se desprecia la Constitución o cuando se reclaman cambios legislativos que eluden acuerdos transversales previos.
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La fragmentación parlamentaria de los últimos años ha contribuido a orillar la Constitución como eje compartido del entendimiento político llegando incluso a darla por amortizada por quienes, al mismo tiempo, rehúsan proponer alternativas viables en tanto que consensuadas. Las opciones más extremas del arco parlamentario oscilan, aun desde posiciones minoritarias, entre aspirar a la apertura de un nuevo período constituyente y procurar un vacío constitucional que deje en el aire el futuro de España como realidad territorialmente integradora. Las instituciones y la sociedad entera corren el riesgo de habituarse a una divergencia tan polarizada que erosione la cimentación constitucional mientras impide su constante mejora. La estabilidad institucional no puede limitarse a una apurada y ventajista aritmética partidaria, soslayando el compromiso de largo alcance con la Constitución.
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