Contrarreforma laboral limitada

El Gobierno ha incluido una revisión de la reforma laboral impulsada por el PP en su plan normativo para el presente año. Las modificaciones estarán destinadas a reforzar los convenios colectivos, suprimir la prioridad de los de empresa y corregir sus disposiciones sobre subrogación y descuelgue, entre otros asuntos. El anuncio realizado ayer por la vicepresidenta Carmen Calvo resuelve, al menos aparentemente, la disparidad de criterios entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la conveniencia de cambiar solo los aspectos «más lesivos» de la regulación o derogarla por completo. Las tesis de Nadia Calviño parecen haberse impuesto de momento a las de Pablo Iglesias. Poca discusión admite la necesidad de mejorar la calidad del empleo. Cuestión distinta es hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo en una contrarreforma que puede desincentivar la creación de puestos de trabajo cuando la pandemia ha destruido cientos de miles de empleos y la recuperación del mercado laboral es prioritaria. Sin olvidar que los cambios sugeridos van en contra de los que defienden no ya los empresarios, sino la UE –de cuyas ayudas depende la salida de la recesión– y las principales instituciones internacionales.