El informe de la Guardia Civil que desvela los contactos por WhatsApp y las reuniones mantenidas por el secretario general de Instituciones Penitenciarias con intermediarios de los presos de ETA desnuda la vía de diálogo emprendida por el Gobierno de Sánchez desde su llegada a ... la Moncloa para encauzar la situación carcelaria de los reclusos, el último reducto que queda de lo que fue la organización terrorista. La gestión de la política penitencia, y en particular, el acercamiento de los condenados constituye una prerrogativa del Ejecutivo que depende únicamente de su voluntad. Por ello, las conversaciones intercambiadas y recogidas en el móvil de Antonio López Ruiz, 'Kubati', detenido en enero de 2020 por un 'ongi etorri', resultan no solo innecesarias sino indebidas, en tanto que comprometen la posición institucional del Gobierno al equiparar su interlocución con la de los presos etarras y su obligada entereza para salvaguardar la lacerante memoria de lo que significó medio siglo de terror. Un mandato moral que el Ejecutivo no debe orillar tras haberse constatado que ha faltado a la verdad sobre sus relaciones con la izquierda abertzale, cuyos escaños le son necesarios en el Congreso.
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