La crisis institucional desatada en torno a la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional ha ofrecido episodios que amenazaban con desencajar el Estado democrático más por la acción corrosiva de los adjetivos empleados en la pugna política que por ... actos jurídicos siempre recurribles. La resolución del TC devolvió la controversia al cauce de los procedimientos tasados. La rectificación de los socios de Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– al optar por una proposición de ley para desbloquear el colapso no es la mejor respuesta, pero se atiene a los mínimos que los letrados del Congreso echaron en falta en las enmiendas con ese mismo objetivo a la fórmula similar utilizada para la reforma del Código Penal. La iniciativa que ahora se anuncia responde a la lógica de valerse de la obstinada negativa del PP a cambios en el CGPJ para rehuir legalmente el deseable consenso al que la Carta Magna y las normas que regulan esas dos entidades aspiran mediante mayorías cualificadas.
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La polarización partidaria no solo justificaría la renuncia a soluciones óptimas en la conformación de los órganos constitucionales. Las orillaría deliberadamente en la creencia de que ampliando en lo posible la distancia con el otro bloque se obtiene mayor ventaja para las siglas propias. El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de ayer en el Senado reveló que ambos sabían que el sistema no se habría despeñado el lunes por la noche fuese cual fuese la decisión del Constitucional. Y vino a confirmar que la confrontación entre PSOE y PP negándose mutuamente su constitucionalismo se acomoda en la seguridad que a sus respectivas ambiciones aporta la vigencia del Estado de Derecho. La misma seguridad que hace que los ciudadanos afronten incertidumbres en ese terreno con la confianza que les procura saberse partícipes de un país de libertades y derechos. Confianza de la que la política no puede seguir aprovechándose para obtener réditos cortoplacistas. Mucho menos al precio de desacreditar a las instituciones.
Al margen de que el origen de la crisis esté en la resistencia del PP a renovar las instancias constitucionales, el presidente del Gobierno rehúye su responsabilidad cuando, como hizo ayer, insiste en mentar la existencia de poderes ajenos a la normalidad democrática para justificar su propia cerrazón al calor de un Senado que se aleja de su papel cuando sus integrantes se dedican a jalear la exageración.
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