Constitucionalismo de ley

La polarización partidaria no solo justificaría la renuncia a soluciones óptimas en la conformación de los órganos constitucionales. Las orillaría deliberadamente en la creencia de que ampliando en lo posible la distancia con el otro bloque se obtiene mayor ventaja para las siglas propias. El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de ayer en el Senado reveló que ambos sabían que el sistema no se habría despeñado el lunes por la noche fuese cual fuese la decisión del Constitucional. Y vino a confirmar que la confrontación entre PSOE y PP negándose mutuamente su constitucionalismo se acomoda en la seguridad que a sus respectivas ambiciones aporta la vigencia del Estado de Derecho. La misma seguridad que hace que los ciudadanos afronten incertidumbres en ese terreno con la confianza que les procura saberse partícipes de un país de libertades y derechos. Confianza de la que la política no puede seguir aprovechándose para obtener réditos cortoplacistas. Mucho menos al precio de desacreditar a las instituciones.

Al margen de que el origen de la crisis esté en la resistencia del PP a renovar las instancias constitucionales, el presidente del Gobierno rehúye su responsabilidad cuando, como hizo ayer, insiste en mentar la existencia de poderes ajenos a la normalidad democrática para justificar su propia cerrazón al calor de un Senado que se aleja de su papel cuando sus integrantes se dedican a jalear la exageración.