La designación por inesperado acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de los dos magistrados que le correspondían propiciando, así, la renovación del Tribunal Constitucional ha tenido la virtud de encauzar hacia una vía de resolución el inédito y nocivo choque entre poderes del Estado ... y de aliviar la crispación. El pacto por sorpresa entre la mayoría conservadora y la minoría progresista fue fruto de una evidente y forzada componenda. Pero ha constatado que solo el camino de los consensos amplios puede procurar la legitimación y el fortalecimiento de las instituciones que sufren hoy la erosión del enfrentamiento entre los dos grandes partidos españoles. La inasumible parálisis en la actualización del CGPJ a la que el PP ha sometido al órgano no justifica que el Ejecutivo de Sánchez recurra a maniobras legislativas de dudosa constitucionalidad para intentar doblegar a sus rivales; y menos aún si el objetivo, que Unidas Podemos mantiene, pasa por rebajar a simple la actual mayoría de elección cualificada de tres quintos que se exige en las Cortes. El buen funcionamiento de las instituciones del Estado precisa de acuerdos incompatibles con los bloqueos y el abaratamiento de los consensos requeridos.
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