Podemos ha hecho efectiva la expulsión de su formación de la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja, Raquel Romero. Superado sin contestación de la concernida el plazo de alegaciones contra el expediente que le acusaba de incumplir la limitación ... salarial que exige el código ético del partido, Romero es forzada a dejar la militancia de la organización por la que fue elegida diputada en 2019. Con ella y por idénticos motivos, Podemos pone en la calle a cinco de sus estrechos colaboradores, todos con cargo y sueldo, actual o pretérito, de la misma Consejería. Al Ejecutivo regional, y más a su presidenta, Concha Andreu, le corresponde ahora decidir sobre la compatibilidad de la presencia de Romero en el Consejo de Gobierno y el cumplimiento del Pacto de Gobernabilidad que firmaron PSOE, IU y Podemos, en el que se alude a «la regeneración política e institucional en La Rioja». Un concepto este en el que, sin osadía, resultaría complicado justificar una situación como la que es efectiva desde hoy. El de Raquel Romero está siendo un ejercicio de funambulismo político de libro. Como diputada, es legalmente dueña de su escaño, aunque se pueda poner en duda su legitimidad, porque esta atañe a la moral. Pero como consejera del Gobierno, su silla y su despacho son potestad de quien la nombró. Concha Andreu debe plantearse la conveniencia de darle continuidad en el cargo para que el que la situó como contraprestación a un pacto que firmó con el partido que ahora la repudia.

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