Discrecionalidad vacunal

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, presentó ayer a la ministra Margarita Robles su solicitud de cese en el cargo, después de que trascendiera que había sido vacunado. Horas antes el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, había destituido por esa causa al teniente coronel de la Guardia Civil integrado como enlace en el mismo organismo. El general Villarroya expuso por escrito que su decisión respondía al propósito de «preservar la imagen de las Fuerzas Armadas». La vacunación del responsable máximo operativo de la Defensa, antes de que otros militares más expuestos al contagio o a contagiar recibiesen la primera dosis contra la Covid-19, provoca indignación y decepción, al tiempo que resulta desconcertante en un servicio público tan sujeto a normas de disciplina y jerarquía.

El hecho empaña además la irreemplazable labor desempeñada por las Fuerzas Armadas frente a la pandemia, o más recientemente ante los efectos de la borrasca Filomena. Pero el cese solicitado por el Jemad o la destitución del mando de la Guardia Civil deben ir acompañados, como en los demás casos de vacunación irregular o discrecional, de la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en la planificación de la campaña, en la fijación de criterios, la custodia y mantenimiento de las dosis disponibles, y en su administración final.

Además, sería probablemente injusto atribuir lo ocurrido a la mala fe de los vacunados, a su afán desmedido por librarse cuanto antes del riesgo de enfermar, sin tener en cuenta las circunstancias concretas en que accedieron a la primera dosis y la existencia o no de protocolos precisos, incluidas las directrices para la descongelación y para la utilización de vacunas eventualmente excedentes. Máxime cuando, según todos los indicios, la revelación del nombre de los vacunados de manera anómala no agota el listado de quienes se encontrarían en análoga situación.

Si la primera fase de la campaña de vacunación, orientada a inmunizar a las personas de residencias y a sus cuidadores y a los profesionales de la sanidad, ha dado lugar a tanta libre interpretación de sus objetivos, las fases posteriores pueden convertirse en motivo de una controversia general que afectaría seriamente a la inmunización ordenada por criterios de salud pública de la mayoría de la población.