La condena de la memoria

Aquel macabro episodio histórico llevó al extremo la costumbre romana de la damnatio memoriae, la condena de la memoria, un juicio póstumo decretado por el Senado que significaba eliminar cualquier rastro del reprobado, el olvido de sus obras, la retirada de sus estaturas, el borrado de sus inscripciones y hasta la prohibición de mencionar su nombre. Pero esta tradición históricamente perversa de pretender eliminar de la memoria colectiva capítulos o personajes ominosos de la historia, en lugar de asumirlos y pasar página de una vez, continúa en nuestros días. Fue una práctica habitual en la Unión Soviética y hoy mismo, en virtud de una selectiva ley de memoria histórica, se está aplicando con infatigable celo en España.

Aquí no han llegado a sacar al dictador de su ataúd, ponerle el uniforme de Generalísimo y sentarlo en la presidencia del Congreso para juzgarlo, condenarlo, cortarle la mano de firmar sentencias, tirarlo al Jarama y luego, por coherencia, desmantelar la Seguridad Social, suprimir la paga extra de verano y derruir los embalses, hospitales y colegios que construyó en vida. Pero no será por escrúpulos. Si los augures del caradura que tenemos apalancado en la Moncloa le asegurasen que ello le garantizaría retener el poder el 10 de noviembre, quizá no hubieran realojado la momia de Franco en la cripta de Mingorrubio sin pasarla antes por el plató de la Sexta para recibir la andanada de acusaciones y reproches que valientes antifranquistas lanzarían al ex Caudillo casi medio siglo después de muerto.

Antes de Franco hubo otro en España espadón que ganó una crudelísima guerra civil, fusiló a mansalva y sin piedad, fue un mal gobernante y murió en la cama. ¿Lo sacamos de la Redonda y derribamos su estatua del Espolón? Hay algo más absurdo aún que poner puertas al campo: fijar fechas de consumo preferente y caducidad a la historia.