Condena a la corrupción

El PP de Pablo Casado se pronunció ayer a través de «fuentes» para mostrar su acatamiento al fallo y considerar que se ajusta a los hechos juzgados, al tiempo que denunciaba la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno mediante «una moción de censura basada en una mentira». Es cierto que la literalidad del veredicto final se distancia de los argumentos empleados por el presidente, su partido y los grupos que le auparon al poder. Pero dos años y medio después los populares no deberían lamentarse por lo ocurrido cuando entonces dieron claras muestras de no saber o no querer reaccionar ante la deriva política de la sentencia de la Audiencia Nacional que Mariano Rajoy y los demás estuvieron en condiciones de atajar.

Por otra parte, la responsabilidad civil a título lucrativo que la legislación vigente durante los hechos juzgados podía atribuir a un partido –en aquel caso, al PP– no extingue las responsabilidades políticas exigibles. Porque los delitos de prevaricación, cohecho o evasión de capitales que, entre otros, se cometan al amparo de unas siglas benefician objetivamente a éstas aunque su tesorería no perciba un euro procedente de la corrupción. Basta con que haya cargos públicos y militantes primados con ingresos irregulares sosteniendo las estructuras del partido del que se valgan. En términos políticos, ese partido no es víctima, sino beneficiario de la trama correspondiente. Máxime si se mantiene impasible ante las denuncias públicas e incluso ante los procedimientos judiciales que se abran señalándole. La sentencia del Supremo no pesa tanto sobre la legitimidad en origen de la presidencia de Sánchez como sobre las posibilidades de Casado de alcanzarla.