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Más de un centenar de concursos públicos de obras o servicios licitados desde las administraciones riojanas, o convocados desde la central para proyectos de la región, se han quedado sin cubrir en los últimos quince meses por falta de concurrencia. A las empresas, constructoras principalmente ... pero también de otros ámbitos, no les sale a cuenta contratar con el sector público. El vertiginoso incremento de los precios de los insumos –de hasta del 96% en los materiales de construcción entre de 2021 y junio de 2022, según el índice de referencia (Down Jones de Commodities)– y de la energía ha desbordado los cálculos de los convocantes y ha hecho inalcanzable para las concurrentes el propósito de rentabilidad. Las organizaciones empresariales reclaman una prórroga para el mecanismo que hasta este mes permitía la revisión de contratos afectados por los precios. Esa u otra vía que permita desatascar obras o servicios cuyo planteamiento se presume en beneficio de los ciudadanos y de cuya ejecución dependen empresas y, por consiguiente, también los trabajadores. En definitiva, es la economía regional la que deja de sumar los 17 millones de euros en que se licitaron los concursos desiertos.
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