El comité fantasma

Durante la desescalada de la pandemia, el Gobierno atribuyó reiteradamente la paternidad de la estrategia a un comité de expertos que habría marcado el camino hacia la llamada 'nueva normalidad'. En aquellas semanas, el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, entre otros, aludieron al referido comité para justificar sus decisiones, que adquirían así un mayor prestigio técnico. Y en todos los casos se negaron a revelar los nombres de los expertos que componían el comité en cuestión porque, en palabras de Fernando Simón, se les pretendía sustraer a las presiones que sufrirían si era revelada su personalidad. El PP acudió al Defensor del Pueblo por la negativa del Gobierno a dar a conocer la identidad de los expertos, y la sorpresa surgió cuando el titular en funciones de esta institución, Fernández Marugán, comunicó por escrito a los diputados del grupo parlamentario popular que habían interpuesto la demanda que el Ministerio de Sanidad negó al Consejo de Transparencia que existiese tal comité. El Gobierno ha sido, pues, pillado en falta, y han resultado inútiles los intentos de ayer del ministro IIla de arreglar el entuerto reconociendo ante la diputada popular Cuca Gamarra que no se creó un comité como tal, sino que de esa evaluación se encargaban funcionarios públicos y que el responsable último de decidir quién podía pasar de fase era él mismo, aunque sus decisiones fueron adoptadas «en base a informes técnicos».

El Gobierno trataba ayer de salir del atolladero aclarando que quien se encargó del seguimiento y evaluación de la situación epidemiológica de las comunidades autónomas para el paso de fases fue un «grupo técnico», liderado por la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y el CCAES, con Simón al frente. Lo formaban funcionarios expertos en salud pública y epidemiología, y en realidad el equipo, de carácter técnico, no asesoró, sino que hizo su trabajo, agregó la fuente ministerial. Por eso –se añadió– se ha publicado el nombre de las personas que lo lideraban y coordinaban pero no el de estos funcionarios. Parece poco discutible que el Gobierno trató de dulcificar su ingrata tarea apelando a un inexistente comité de expertos, lo cual da pie a suponer que otras inconsistencias del proceso podrían también ser mendaces. Son errores que merman la credibilidad del Gobierno y que agravan el malestar de una ciudadanía ya suficientemente golpeada como para ser objeto de actuaciones de este tipo.