El real decreto para la gestión del fondo europeo de recuperación fue convalidado ayer por el Congreso con el decisivo voto favorable de EH Bildu, más los del PNV y Más País, y la determinante abstención de Vox. El PP, Ciudadanos, Junts y ERC se pronunciaron en contra. El Gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado, además, a comprometerse a su tramitación como proyecto de ley. Ese resultado envía a la Comisión Europea, el administrador último del fondo, un mensaje ciertamente desconcertante, puesto que a la ausencia de un amplio consenso sobre un asunto capital se le une que la regulación necesitó para salir adelante de los dos extremos del arco parlamentario. Pero no es menos desconcertante la impresión que pueden llevarse los españoles, las demás administraciones afectadas en la tramitación de los proyectos que aspiren a las ayudas y las empresas que concurran a una convocatoria cuya dotación total podría alcanzar los 140.000 millones.

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El inicio hoy mismo de la campaña electoral en Cataluña restó apoyos al Ejecutivo, aunque el pleno dejó claro que hasta los grupos que le secundaron mantienen serias reservas sobre los procedimientos contemplados para determinar hacia qué líneas de acción e iniciativas se dirigirá la financiación de la UE. La magnitud, la trascendencia y la complejidad de la operación debieron merecer de Sánchez un mayor esfuerzo para sintonizar con la oposición. En especial, con el PP y Ciudadanos, tanto por su presencia en el Parlamento y en los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos como porque forman parte de grupos relevantes en el ámbito europeo.

Pero el presidente ha priorizado el control absoluto sobre la gestión del fondo por encima de la necesidad de contar, en España y ante Bruselas, con un amplio acuerdo de país. Ha preferido una carambola parlamentaria de última hora con la extrema derecha de Vox y la izquierda abertzale que sigue sin condenar a ETA a una trabajosa búsqueda de la anuencia partidaria. Precisamente cuando la política debe compensar con diálogo y entendimiento las incertidumbres que seguirá generando la pandemia, las necesidades sociales que resultan angustiosas para miles de hogares y las dificultades que entraña la recuperación económica. El de ayer fue un mal comienzo porque nada sería más negativo para esa misma recuperación que convertir las ayudas europeas en motivo de continua controversia.

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