Combatir la corrupción

Tramas como Gürtel, los ERE o el 3% en Cataluña, junto a la corrupción urbanística, advierten de que la prevaricación, la malversación o el cohecho se hacen realidad cuando la normativa vigente y los controles dispuestos pueden ser burlados por decisión o indolencia de responsables institucionales. También cuando la actuación judicial puede verse entorpecida hasta la desesperación, el dinero defraudado parece casi imposible de recuperar, y las penas y sanciones no resultan disuasorias frente al incentivo del lucro fraudulento. La casuística de la corrupción ha sido tan prolija que permitiría la adopción de un sinfín de medidas de prevención y supervisión sin ralentizar en exceso el funcionamiento de las administraciones. Empezando por realzar el papel institucional y reforzar los recursos humanos y materiales de la intervención financiera y el control de legalidad.

En ese sentido, debería revisarse la gestación no siempre razonada de sociedades de titularidad pública pero de derecho privado, así como el nepotismo partidista al que dan lugar. Sería necesario atajar la multiplicación de los cargos de designación y, junto al seguimiento de los flujos monetarios, establecer mecanismos de alerta respecto al abuso en la segmentación de contratos o el tráfico de influencias. La vigilancia económica sobre las fundaciones vinculadas a partidos debiera ser más incisiva. Pero hay una vertiente que los grupos parlamentarios han de afrontar con urgencia, aprestándose a analizar críticamente las liquidaciones presupuestarias, partida por partida, de todas las instituciones. Porque la corrupción está presente también en el despilfarro y la ineficiencia deliberada.