Coherencia para la unidad

El desencuentro entre el Gobierno Sánchez y el Ejecutivo autonómico de Díaz Ayuso corre el riesgo de enquistarse tras la declaración del estado de alarma, después de que la relación entre ambas administraciones acumulara seis meses de desavenencias. Lo que perpetuaría el disenso del primer partido de la oposición respecto a la actuación del Gobierno en materia de salud pública. La advertencia que el director ejecutivo de la OMS, Mike Ryan, dirigió el viernes a España –«Cuando los gobiernos difieren, la gente muere»– es el sentir común con el que la ciudadanía reclama aquello que más necesita nuestro país en estos momentos: respuestas inmediatas y eficaces que provengan de la máxima cohesión institucional. Si el secreto de atajar la pandemia está en anticiparse a su evolución, cabe dudar de que Díaz Ayuso y Sánchez tengan claro cómo afrontar siquiera las consecuencias de sus propios actos.

En concreto, cómo establecer un marco de consenso operativo que les permita evaluar en común los datos epidemiológicos y la disponibilidad hospitalaria durante las dos semanas del estado de alarma para poder acordar las medidas posteriores. Ni Díaz Ayuso ni el PP pueden enrocarse en el argumento de que «Madrid necesitaba más tiempo». De hecho ningún rincón de España está en condiciones de reclamar más tiempo cuando de lo que se trata es de atajar cuanto antes la segunda ola para prevenir una posible tercera. Cuando se hace evidente que asegurar la salud de las personas es el requisito básico para procurar la recuperación económica y el bienestar social, nadie debería esgrimir motivos o agravios de naturaleza partidaria que pospongan decisiones o eludan compromisos. También por eso Pedro Sánchez está obligado a actuar en consecuencia con el decreto de estado de alarma del viernes. Lo destacable de Madrid es que no hubo un acuerdo previo entre las administraciones concernidas. Pero si hay dudas jurídicas sobre la solvencia de otras resoluciones administrativas que restrinjan la libertad de circulación, y Sánchez se ha negado a explorar cambios legislativos que permitieran prescindir del estado de alarma, el presidente debería promover su aplicación acordada en todos los ámbitos territoriales en los que se dispare la incidencia de los contagios.

El presidente debería convocar de urgencia a todos los presidentes autonómicos para anunciarles que en adelante deberán hacer suyo el estado de alarma en aquellas comunidades o localidades que se sitúen por encima de equis positivos por cien mil habitantes.