Un cogobierno indolente

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió ayer denegar la orden del 1 de octubre de la Consejería de Sanidad de Madrid, promulgada en ejecución de las instrucciones que la víspera había transmitido el Ministerio de Sanidad, en cuanto a aquellas medidas que «afecten a derechos y libertades fundamentales». Su argumento definitivo es que nuestro sistema constitucional «cuenta con cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender» tales derechos y libertades, entre los que no se encontraría la mera publicación de indicaciones ministeriales a partir de la legislación sanitaria. A su entender sería necesaria «una disposición con rango de ley». Esa misma disposición que el Gobierno de Sánchez se ha resistido a tramitar como alternativa al estado de alarma, desoyendo los requerimientos de otros grupos parlamentarios, el contenido de sucesivas resoluciones judiciales y el parecer de numerosos especialistas del derecho y de la salud pública. El riesgo inmediato es que, en medio del puente del 12 de octubre, las administraciones concernidas –Gobierno y Comunidad de Madrid– opten por rebajar las restricciones de movilidad, y que muchos ciudadanos interpreten el desbarajuste institucional como invitación para trasladarse a otras localidades y autonomías. La imprevisión de ambas administraciones se hizo patente ayer, cuando no supieron dar otra respuesta que las llamadas a los ciudadanos para que no salgan fuera durante el puente, y ni siquiera llegaron a reunirse. Anoche, los madrileños se acostaron mientras su Ejecutivo preparaba un nuevo decreto y Moncloa convocaba un Consejo de Ministros extraordinario para decretar hoy el estado de alarma y, a priori, recuperar los confinamientos perimetrales.

La imprevisión dejó en evidencia la cerrazón con la que el Gobierno central ha propiciado el vacío legal existente entre el estado de alarma y la legislación sanitaria. El riesgo inmediato es que, durante horas –quizá no días según la inmediatez del estado de alarma– se den oportunidades de transmisión al coronavirus a cuenta del pulso que mantienen Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Un tiempo extra que proyecta imágenes de indolencia en una parsimonia inexplicable, además de que provocará más contagios y sufrimiento a la población, junto al desánimo que supone para tantos profesionales de la salud cuya indefensión ante la pandemia fue reconocida precisamente ayer por el Tribunal Supremo.