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Ala espera del histórico 'tarifazo' de la luz de agosto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha detectado facturas infladas hasta un 30% por algunos operadores eléctricos. Lo que faltaba, cuando las cuentas de cientos de miles de pymes se están deteriorando ... por sobrecostes inesperados y cuando han tenido que realizar inversiones y sufrir en casi todos los casos pérdidas por la pandemia. De las ayudas públicas y su distribución, ideadas para favorecer al 'grande', ya hemos hablado en este espacio, así que me pregunto ahora qué pasa en este país que soportamos unos sobrecostes que en el entorno próximo no existen. Al margen de la luz, como veíamos la semana pasada con el pago íntegro de la factura a precio de 'jabugo' aunque sea jamón cocido, por fin se autorizaron los test de antígenos, pero solo en farmacias cuando las instrucciones de uso son meridianamente claras –nada que ver con interpretar la factura de la de luz, por ejemplo– y la responsabilidad de comunicar un hipotético positivo es únicamente del usuario. El coste de los mismos es de unos 7 u 8 euros, pero en Portugal, y en la mayoría de países europeos, se hacen los test por menos de dos euros. Algo similar sucedió antes con las mascarillas, tras escaquearse el Gobierno con que si Europa no le dejaba bajar el IVA y fijar luego un precio máximo por encima del mercado. La pregunta es qué debemos los españoles a las grandes compañías eléctricas y a las farmacias para no hacer las cosas como en nuestro entorno. Las puertas giratorias siguen girando.
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