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Ante el devenir de la incertidumbre política que gravita sobre el Estado español, quizás su ciudadanía merece otro estado de la cuestión. Parece que la democracia que disfrutamos, tras el período de infancia que sucedió a su instauración y algún que otro hecho propio de ... la incierta madurez de la pubertad, haya entrado en la adolescencia con los rasgos que le particularizan: dificultad en la toma de decisiones racional o el control ejecutivo de las emociones para valorar y actuar ante realidades objetivas, escasa toma de perspectiva descentrada de la propia posición, dificultad en la memoria reciente, etc., como transición hasta alcanzar la deseable madurez adulta.
Ante las luces y las sombras que demuestra la clase política actual en los pactos que establece, la discutible moralidad de hechos que se realizan en beneficio personal, o la aparente falta de transparencia en cuestiones de Estado cruciales, podría ser aconsejable alguna prueba de madurez que permitiera redescribir el camino de desconfianza y alejamiento entre electores y electos que se está trazando, garantizando que no se pueda sospechar de ninguno de los últimos.
Por ejemplo, sería interesante una moralización ética de la vida política para evitar el desencanto, desvinculación o la desaprobación de medidas en manos de quienes tienen conductas poco ejemplares. La gestión del dinero público debe ser irreprochable con muestras de ejemplaridad, al igual que las medidas políticas que se proponen; no todo vale para conseguir el poder deseado o, al menos, la ciudadanía espera que sea así, en un panorama en el parece que el elegido se sirve del elector, en lugar de lo contrario. Cambiarlo reclama que nuestros representantes sean capaces de trazar coherente y diariamente, la frontera entre lo que se puede o no se puede hacer, con ejemplaridad; necesitamos políticos irreprochables legalmente y en el plano ético.
También sería conveniente mayor transparencia en la gestión de situaciones tan delicadas y cruentas como la acontecida en los atentados de Barcelona y Cambrils que recordamos vivamente. El aún silencio del Gobierno ante las desvelaciones del periódico 'Público' no facilita la confianza en el sistema político y policial frente a actos tan trascendentes; víctimas y ciudadanos tienen el derecho legítimo de estar informados de lo que el Estado conocía al respecto para comprender los hechos acontecidos, cerrando dudas sobre acciones heroicas y bien trazadas, pero también sobre errores a evitar; y el Estado, partiendo de una legítima prudencia, tiene el deber de servir a sus ciudadanos con transparencia haciendo público lo que conoce, dejando de alimentar ideas de que esconde cierta realidad.
Quizás las declaraciones recientes sobre la determinación de potenciar la investigación científica en el nuevo período político pudiera contribuir para avanzar en una democracia de progreso, con realismo y ética.
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