La variante Ómicron, detectada por primera vez el 9 de noviembre de 2021, ha desbordado, por su potencial infectivo y por los casos graves derivados de su alta incidencia, la capacidad de las instituciones para adecuar conceptos, protocolos y recursos a esta sexta ola. Además, ... ha agravado la fatiga pandémica que padecen los ciudadanos, de indudables consecuencias sobre la salud mental de jóvenes y mayores, y sobre el normal desarrollo de las relaciones sociales; y afectado a la recuperación económica por la multiplicación de los contagios y las restricciones aplicadas para contenerlos. Pedro Sánchez alimentó ayer la expectativa de que el COVID reciba un seguimiento similar a la gripe –lo que equivale a no contar cada caso ni hacer pruebas ante el menor síntoma– sin que haya mediado una reflexión colegiada en los ámbitos de la ciencia a los que las administraciones españolas se refieren siempre como si se tratara de fuentes anónimas. Con la conclusión inmediata de que se trataría de convivir con el coronavirus renunciando a acabar con él, pese al lenguaje bélico empleado en los primeros meses de la pandemia.
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El presidente sigue empeñado en ofrecer solo buenas noticias –la compra de 344.000 dosis de antivirales de Pfizer y una regulación del precio de los test de antígenos tan necesaria como tardía– y en eludir los problemas que aquejan al sistema sanitario, desbordado por una avalancha de positivos que nadie supo prever ni ha acertado a atajar. Resulta chocante que, en ese contexto, el Gobierno central y varios autonómicos se esfuercen en presentar como normalidad que los ciudadanos se hagan cargo del control de su propia salud, realizándose incluso ellos mismos pruebas reservadas hasta ahora a profesionales.
Las familias tienen razones para sentirse desamparadas cuando es difícil saber qué tendría que hacer exactamente el conviviente de un contagiado, cuando el cuidado de los menores infectados no da lugar a la baja laboral de ninguno de sus progenitores, cuando las plantillas docentes y no docentes se ven comprometidas a cubrir la tarea de los compañeros positivos, cuando se apela a sanitarios jubilados para atender imprevisiones... La inexistencia de un mecanismo independiente de evaluación de la gestión pública frente a la pandemia y el ruido partidista que acompaña a su discusión propician elusiones, silencios, contradicciones y lagunas institucionales que dejan a los ciudadanos a la intemperie.
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